Por la Seguridad Jurídica
Durante este Camino del Sol 2017 se escuchará la voz de las 62.000 familias españolas que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado, y que ahora ven como este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos.
Anpier alertará también de la gravedad que supone la destrucción del colectivo de las 62.000 familias fotovoltaicas y denunciará que el Gobierno pretende expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado para mantenerlo en modo oligopolístico. Todo articulado por un marco regulatorio insostenible a la vista del primer Laudo Arbitral del Banco Mundial y, previsiblemente, de todos los que se vaya fallando.
El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia. Después de que Anpier advirtiera de la elevada posibilidad de que se diera esta circunstancia, tal y como ha ocurrido, a lo que del Defensor respondió: “esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el TCE habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias” y solicitaba: “Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.
Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este primer fondo internacional y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el CIADI, Banco Mundial. Resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales.
Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes del hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría.
Sin embargo, el Gobierno mantiene la reforma, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones; a pesar de que una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia: que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado, una cuestión que debería realizarse con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y sobre todos, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor.
